No ha sido un buen día para la Administración Trump, que ha visto cómo una de sus medidas más polémicas, los aranceles, han sido declaradas ilegales por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Una decisión que abre un escenario con más dudas que certezas, pero que puede tener un gran impacto.
El Gobierno de Estados Unidos tiene un importante problema por delante. Meses más tarde de que la guerra comercial iniciada por Trump haya sacudido los mercados de medio mundo, el Tribunal Supremo de EEUU amenaza con un nuevo terremoto. Durante el día de ayer hemos conocido que la Justicia había decidido declarar ilegales la mayoría de los aranceles impuestos, tras haber recibido el visto bueno de seis de los nueve jueces involucrados en la decisión.
Más allá de la noticia, lo verdaderamente importante es el impacto que podrá tener en todos los países que han sido afectados por la política arancelaria. Entre ellos, España. Por delante, se abre un ciclo que puede alargarse durante bastantes meses, incluso años, hasta que los efectos de la Justicia tengan un impacto real en las cuentas de los Estados afectados.
Por qué se han declarado ilegales meses después de aprobarlos
Trump se apoya en la Ley de Poderes Económicos Internacionales para Emergencias (LPEIE), que legitima al Gobierno regular las transacciones con los países extranjeros cuando existan muestras suficientes de que el país está viviendo una emergencia. Este argumento fue tomado por la Administración Trump para imponer una política arancelaria con la inmensa mayoría de países de todo el mundo. Sin embargo, en la sentencia la Justicia considera que esto es un error.
La LPEIE no hace referencia en ningún momento al concepto de arancel para gestionar la economía del país, mientras que sí que se comprenden otras medidas. Como ya hemos anticipado, dos terceras partes de los jueces involucrados en la decisión mantienen su consideración de que la ley mencionada no es suficiente para que el Gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a ningún otro país del mundo. ¿Y ahora qué?
¿Puede afectar a España?
La sentencia no contempla cómo devolver los más de 150.000 millones de dólares que se prevé que el Gobierno de Estados Unidos ha ingresado por los aranceles. La única referencia la ha compartido el juez Brett Kavanaugh, que ha considerado que “devolver el dinero a las empresas será muy complejo y confuso”. Si se tiene en cuenta, además, que el coste de los aranceles lo han asumido en la mayor parte de los casos el cliente final, y no la empresa, devolver el dinero a la empresa en cuestión no tendría todo el sentido, puesto que no llegaría al cliente que lo ha sufragado.
En el caso de España, conviene tener en cuenta que al estar bajo el paraguas de la Unión Europea, no tiene un arancel directo como tal. Sino que se encuentra supeditado al arancel general de la UE, que es del 15% para la inmensa mayoría de productos. Por lo tanto, en una hipotética devolución de los aranceles, se enfrentaría a un proceso conjunto con el resto de los países del territorio.
