El 22 de noviembre termina el plazo que la Ley 7/2022 da a España para tener en marcha el sistema de depósito, devolución y retorno de envases. La obligación está recogida en la norma y es firme. Sin embargo, la fecha ha generado confusión sobre su consecuencia más visible: pagar 10 céntimos más por cada botella o lata en Mercadona, Lidl y el resto de supermercados. Y es que ese cobro tiene un requisito que todavía no se cumple. Te lo contamos.
El origen está en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados. La norma fijaba en el 70% la recogida separada de botellas de plástico para 2023; España se quedó en el 41,3%, según los cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica. Al no alcanzarse el objetivo, el artículo 52 de la ley obliga a implantar el sistema de depósito en un plazo máximo de dos años, que vence el próximo 22 de noviembre.
Ese sistema cobraría una señal de al menos 10 céntimos por cada envase de bebida y la devolvería al entregar la botella o la lata en una máquina de reciclaje. El problema está en que el cobro sigue pendiente y las máquinas no existen: ningún supermercado español ha instalado todavía una sola, como sí han hecho en Portugal desde abril.
Sin máquinas instaladas, no hay motivos para pagar
La respuesta la encontramos en la propia ley: el pago solo se debe realizar dentro del circuito completo de depósito, devolución y retorno. El comercio la cobra al vender la bebida y la devuelve íntegra cuando el cliente regresa el envase a una máquina del supermercado. Es decir, que no es un impuesto ni una subida de precio, sino un depósito que necesita máquinas operativas para devolverse.
Por eso, la respuesta es clara, incluso cuando la fecha está a punto de cumplirse: hasta que las máquinas no estén instaladas y funcionando, ningún supermercado puede cobrar la señal. La obligación del 22 de noviembre recae sobre el sistema y sus gestores, no sobre el bolsillo del cliente.
Sin fecha confirmada
El estado del despliegue confirma el retraso. Cuatro candidaturas compiten por operar el sistema y el Ministerio para la Transición Ecológica tiene pendiente tanto la designación del gestor como la aprobación del reglamento que lo desarrolla. Las cifras previstas explican el tamaño del proyecto: más de 20.000 máquinas repartidas por todo el territorio, cobertura obligatoria para los municipios pequeños y unos 2.000 millones de euros en señales circulando.
