Después de que la Unión Europea autorizase la compra de MasOrange por parte de Orange por un montante de 4.300 millones de euros, la operación ha recibido el visto bueno del Gobierno. De forma progresiva, el grupo francés va superando todas las obligaciones regulatorias y ya está más cerca de finalizar la operación.
El pasado 10 de abril, la Unión Europea daba el visto bueno para que Orange se hiciera con el 50% que todavía no controlaba de MasOrange. El grupo francés superaba una de las grandes trabas regulatorias, dada la complejidad que siempre se desprende de cualquier proceso similar en el que intervienen empresas del tamaño al que estamos haciendo referencia. Sin embargo, y pese a la buena noticia que esto suponía, todavía quedaba un importante desafío a superar: la luz verde del Gobierno de España.
Durante las últimas horas, el grupo francés Orange ha obtenido la autorización definitiva por parte del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. De este modo, se superaba el filtro anti opas que siempre interviene en este tipo de transacciones y permite a la sociedad Lorca, participada por Providence, Cinven y KKR, traspasar sus activos a Orange. Después de que los analistas del Ejecutivo hayan analizado la situación, se ha comprobado cómo no existen motivos para frenar o vetar la operación.
La operación supera uno de los hitos burocráticos más importantes
Desde Europa y el Gobierno de España trabajan de manera conjunta para analizar al detalle cualquier información existente en dicho acuerdo. La normativa referida previamente está diseñada para que las empresas extranjeras no puedan hacerse con el liderazgo de las compañías de nuestro país en sectores que se consideran como estratégicos, como es el caso del ámbito de las telecomunicaciones. Este es el motivo por el que esta transacción, pese a tener el visto bueno de todas las partes implicadas, ha sido estudiada al milímetro para comprobar que no existe ningún riesgo que pueda comprometer la seguridad nacional de nuestro país. En el caso de que el Ejecutivo hubiese detectado cualquier amenaza al respecto, el acuerdo entre todas las partes implicadas se debería haber modificado.
La noticia era la esperada por parte de los dos grupos, puesto que ya había recibido el visto bueno por parte de Europa, lo que simplificaba el camino y evitaba que los reguladores nacionales tuvieran que entrar a analizar al detalle todas las partes del acuerdo.
