En un comunicado publicado en sus redes sociales, Stop Killing Games ha insistido en que, aunque comparte la frustración de muchos jugadores con las políticas de Rockstar o de otras grandes editoras, recurrir a métodos ilegales solo perjudica la causa. La organización ha pedido explícitamente a los usuarios que no envíen dinero a los hackers, quienes además están promocionando una criptomoneda llamada ‘memecoin’ a través de códigos QR en los vídeos filtrados.
“No enviéis dinero a estos hackers”
El comunicado de Stop Killing Games es contundente: “No enviéis dinero a esta gente, da igual la simpatía que podáis sentir con sus acciones. Esto es ilegal y, francamente, nos solidarizamos con todo el equipo de Rockstar que debe lidiar con este calvario de nuevo”. La organización recuerda que la última persona que filtró material de Rockstar, en 2022, fue finalmente hospitalizada de forma indefinida, y advierte que “esta no es una causa por la que valga la pena arriesgar tu dinero o tu futuro”.
Además, Stop Killing Games señala que los hackers no buscan realmente defender los derechos de los jugadores, sino obtener beneficios económicos. El grupo ha aprovechado la viralidad para vender su criptomoneda y pedir donaciones a cambio de más contenido filtrado. La organización subraya que “utilizar medios ilegales para imponer nuestra postura es inaceptable y no contribuye en absoluto a proteger nuestro derecho a seguir utilizando lo que hemos pagado”. También lamenta que los desarrolladores que trabajan en el juego sean las principales víctimas, ya que no tienen responsabilidad en las decisiones de la alta dirección.
La lucha legal en Europa: un camino lento pero necesario
Mientras tanto, Stop Killing Games continúa su batalla en los cauces legales. La iniciativa recogió más de 1,2 millones de firmas para su petición ‘Stop Destroying Videogames’ ante la Unión Europea. Aunque la Comisión Europea descartó imponer una obligación legal general que fuerce a las editoras a mantener sus títulos jugables, sí ha anunciado que antes de finales de 2026 iniciará conversaciones con consumidores y la industria para elaborar un código de conducta sobre el final de la vida útil de los videojuegos.
En este contexto, la organización también ha mostrado su apoyo a la demanda colectiva contra Sony en los Países Bajos, presentada por la fundación Stichting Massaschade & Consument. Según la demanda, Sony abusa de su posición dominante en PlayStation Store, con precios un 47% más caros de media que en formato físico. Stop Killing Games y DoesItPlay? se han unido al movimiento Fair PlayStation, animando a los jugadores neerlandeses a inscribirse. Aunque el tribunal aún no ha entrado en el fondo del asunto, esta acción refleja la estrategia de SKG de apoyar vías legales para conseguir cambios.
La comunidad dividida y la responsabilidad de los jugadores
La reacción de la comunidad ha sido variada. Mientras algunos aplauden la filtración como un acto de rebeldía contra las políticas anticonsumidor de Rockstar, otros la consideran un delito que perjudica a los desarrolladores. Stop Killing Games ha querido zanjar la polémica recordando que “canalizar la frustración hacia algo constructivo” es la única vía efectiva. La organización pide a los jugadores que no compartan el material filtrado ni apoyen económicamente a los responsables, y que confíen en los canales oficiales para conocer el juego.
Incluso el streamer xQc ha criticado duramente a quienes consumen estas filtraciones, calificándolos de “no ser verdaderos gamers”. Sin embargo, SKG no se limita a la condena: su mensaje final es que la preservación de los videojuegos y los derechos de los consumidores solo pueden lograrse mediante el diálogo y la presión legal, no con ataques informáticos que, además, acaban beneficiando a estafadores.
En definitiva, Stop Killing Games ha dejado claro que no apoya ni apoyará jamás las filtraciones ilegales, por muy justas que parezcan sus reivindicaciones. La organización insiste en que el cambio real requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, acciones legales. Mientras tanto, la industria sigue mirando con preocupación estos incidentes, y la comunidad debe decidir si quiere ser cómplice de un delito o sumarse a una lucha que, aunque lenta, busca proteger el futuro de los videojuegos para todos.
