Una familia que pague 1.000 euros por una semana de vacaciones podría acabar desembolsando unos 100 euros más si el IVA turístico pasara del 10 % al 21 %. Es el ejemplo que pone sobre la mesa Ricardo Fernández, CEO de Destinia, para explicar por qué considera que elevar la fiscalidad del turismo podría terminar perjudicando tanto al viajero como a las empresas y a la propia recaudación del Estado.
La advertencia llega en un momento en el que Bruselas mantiene abierto el debate sobre la fiscalidad de los servicios turísticos. La Comisión Europea está revisando las reglas del IVA aplicables al sector y ha señalado que el alojamiento y la restauración tienen un importante coste fiscal, dentro de una discusión más amplia sobre el uso de tipos reducidos en la Unión Europea. Por ahora, no existe una subida aprobada del IVA turístico en España, pero el debate está ahí.
La cuestión, por tanto, no es únicamente cuánto tendría que pagar un turista. También está en juego la capacidad de España para seguir compitiendo con destinos mediterráneos y países como Marruecos, Turquía o Italia, principales rivales.
Ejemplo con cifras reales
La diferencia entre un IVA del 10 % y del 21 % puede parecer, sobre el papel, un simple cambio de porcentaje. Sin embargo, trasladada al precio final de unas vacaciones, la cantidad empieza a ser considerable. Fernández lo explica con un ejemplo sencillo durante la entrevista de la que se hace eco Consumidor Global: si un servicio turístico tiene un precio antes de impuestos de 1.000 euros, con un IVA del 10 %, el cliente paga 1.100 euros. Con un 21 %, la factura asciende a 1.210 euros. Es decir, 110 euros adicionales.
En el caso concreto planteado por el CEO de Destinia para una familia de cuatro personas que paga 1.000 euros por una semana de vacaciones, la diferencia sería de aproximadamente 100 euros en impuestos, al pasar de unos 91 euros de IVA a 191 euros.
El problema, según el protagonista, es que existen tres posibles vías para absorber ese incremento: que lo pague íntegramente el consumidor, que las empresas reduzcan sus márgenes o que se produzca una combinación de ambas. Lo peor es que ninguna es especialmente atractiva para el sector.
Además, si las vacaciones se encarecen y cae la demanda, el Estado podría no conseguir toda la recaudación adicional que busca. Menos reservas, menos consumo y menor rentabilidad empresarial también implican menos ingresos fiscales por otras vías.
