Si fuiste uno de los conductores multados por acceder a las zonas restringidas de la ciudad de Madrid, debes saber que el Tribunal Supremo ha fallado a tu favor. Durante los últimos años, la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ha generado una enorme controversia tanto a nivel jurídico como social.
Ahora, el alto tribunal ha asestado el golpe definitivo al rechazar el recurso de casación que el Ayuntamiento de Madrid había interpuesto contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), la cual anulaba los artículos reguladores de esta medida en la antigua ordenanza municipal.
Para el ciudadano de a pie, esta sentencia abre la posibilidad real de reclamar y recuperar el dinero de unas multas que, a ojos de la justicia, se impusieron basándose en una norma nula.
¿Sigue activa la ZBE?
El TSJM anuló la ZBE original porque detectó deficiencias severas en su tramitación, concretamente, la falta de una memoria de impacto económico rigurosa. En derecho público, cualquier restricción de derechos (como limitar el libre tránsito de vehículos) exige que la administración mida exhaustivamente cuánto va a costar esa transición a los particulares y a los pequeños empresarios. El tribunal dictaminó que el consistorio madrileño no evaluó de forma adecuada el coste social de obligar a miles de familias y autónomos a cambiar de vehículo.
Es importante aclarar que en marzo de este mismo año, el Ayuntamiento de Madrid aprobó una nueva ordenanza de movilidad, que es la que rige las cámaras y accesos en la actualidad. La decisión del Tribunal Supremo afecta única y exclusivamente a la ordenanza anterior (los artículos anulados por el TSJM). Sin embargo, esto engloba a una inmensa bolsa de expedientes sancionadores tramitados bajo aquel paraguas legal extinto.
Ante este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tomado una postura firme y ha alzado la voz para exigir claridad. Desde la organización recuerdan el precedente de Madrid Central, señalando que si se anula la norma que da soporte legal a la infracción, debe anularse también la sanción derivada de la misma.
