Los bloqueos solicitados por LaLiga van a encontrarse con más presión por parte del entorno político. Tras el incidente del pasado fin de semana, en el que se generó polémica relacionada con dispositivos GPS, un partido político ha decidido presionar al Gobierno.
El 23 de octubre de 2025 publicamos un artículo explicando cuál era la posición de los partidos políticos respecto a los bloqueos. En ese momento, BNG ya se había posicionado y, a través del diputado Néstor Rego, había dejado claro que estaban en contra de estos procesos. No obstante, su primera petición al Gobierno no llevó el caso a ninguna parte.
Más presión para el Gobierno
En una publicación realizada por BNG en su web hoy 9 de abril, el Bloque Nacionalista Gallego hace referencia a los “casos de bloqueo indiscriminado” que se están realizando de páginas web que no están cometiendo delitos. Su intención es que el Gobierno tome medidas para que no se produzcan más bloqueos a servicios legítimos, incluyendo servicios web, asociaciones culturales u otro tipo de empresas y páginas. Más exactamente, remarca que buscan que el Gobierno no siga amparándose en la resolución judicial que se utiliza como justificación cada fin de semana.
Como era de imaginar, el manifiesto que BNG ha publicado en su web, remarca la seriedad de la situación debido a lo ocurrido en el pasado fin de semana. Hablan de cómo los bloqueos han afectado a “servicios digitales críticos” y comentan las herramientas de geolocalización que se usan para saber dónde se encuentran personas vulnerables. En ADSLZone ya hablamos de este problema que luego LaLiga desmintió con un comunicado. No obstante, lo ocurrido ha trascendido y, en el caso de BNG, ha motivado a Néstor Rego para continuar presionando a fin de que la situación acabe.
El diputado lo tiene claro
En sus declaraciones, Néstor Rego ha afirmado que lo ocurrido en los últimos días demuestra que se está realizando “un uso desproporcionado y técnicamente deficiente de las medidas de bloqueo”. También argumenta que este es un caso en el que los intereses privados se están imponiendo a los derechos fundamentales o a la prestación de servicios que se consideran esenciales. Remarca que todo esto está ocurriendo “sin un control efectivo por parte de las autoridades públicas”.
El político dice que las empresas privadas no deberían poder bloquear direcciones IP compartidas “sin garantías suficientes ni una supervisión específica caso por caso”. Sus comentarios encajan con los sentimientos de muchas personas, quienes no se oponen a bloqueos de servicios ilegales, pero sí de aquellos que afectan a negocios o servicios inocentes.
